¿Qué necesita República Dominicana antes de crear una agencia espacial?
República Dominicana ya participa en decisiones relacionadas con el espacio. La pregunta no es solo si necesita una agencia espacial, sino qué funciones debería cumplir y qué problema institucional vendría a resolver.
Cuando pienso en la agencia espacial de un país, pienso en la NASA. Es probablemente la referencia que tiene la mayoría de la gente. Pero no todas las agencias espaciales funcionan como NASA, ni todos los países que tienen una necesitan cohetes, astronautas o naves espaciales propias.
República Dominicana ha empezado a tomar decisiones que se parecen a los componentes de una política espacial. El país firmó los Acuerdos Artemis, participa en organismos internacionales relacionados con el espacio, busca formalizar una cooperación con la Agencia Espacial Italiana y estudia una propuesta para construir un puerto espacial en el sur del país.
Todo eso me lleva a una pregunta más básica: ¿cuál es nuestra política espacial?
Antes de crear una nueva institución habría que definir qué queremos hacer en el espacio y para qué. Después viene una segunda pregunta, quizás más difícil: ¿qué brecha existe hoy entre las instituciones dominicanas que ya tienen responsabilidades relacionadas con telecomunicaciones, ciencia, relaciones exteriores, datos geoespaciales y aviación?
Si esa brecha existe, entonces tiene sentido preguntarse quién debería cerrarla.
¿Qué es una política espacial?
Hasta donde he podido verificar, República Dominicana no ha publicado todavía una política o estrategia espacial nacional integral. El artículo 9 de la Constitución plantea preservar, en el marco de los acuerdos internacionales, los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre. Pero ese principio por sí solo no constituye una política espacial.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ya utiliza datos satelitales para estudiar riesgos. MIREX participa en COPUOS, la comisión de la ONU para el uso pacífico del espacio, e INTEC continúa el desarrollo del nanosatélite QuisqueyaSat-1.
Una política espacial tampoco debería significar simplemente todo aquello que tenga alguna relación con el espacio. Esa definición sería demasiado general. Para que sea útil, debería identificar qué problemas nacionales queremos resolver, qué instituciones son responsables y qué marco legal necesitan para hacerlo.
En el caso dominicano, una política espacial podría definir cómo el país quiere usar estas capacidades para apoyar servicios públicos, desarrollar tecnología y crear actividad económica. También podría establecer qué papel tendría el Estado en el crecimiento de una industria aeroespacial nacional y cómo medir si esas iniciativas realmente mejoran la vida del ciudadano dominicano.
¿Qué hace realmente una agencia espacial?
Antes de NASA existía el National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Creado en 1915, se enfocaba en promover y realizar investigación aeronáutica básica y aplicada. En 1958, después del lanzamiento soviético del Sputnik, Estados Unidos creó NASA. La nueva agencia absorbió al NACA, incluyendo sus centros de investigación, personal y experiencia técnica y amplió su misión hacia la exploración espacial.
Un país que define su política espacial necesita una estructura capaz de ejecutarla. Esa estructura debe responder a lo que necesita el país.
Entre sus funciones pueden estar coordinar instituciones, administrar programas nacionales, gestionar cooperación científica y desarrollar capacidades técnicas. No existe un modelo universal.
Una agencia espacial tampoco tiene que concentrar toda la regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, la FAA autoriza y regula los lanzamientos comerciales, no NASA.
Esa distribución de funciones también importa al mirar las instituciones dominicanas.
El sistema dominicano que ya existe
República Dominicana no parte de cero. El país ya tiene instituciones responsables de muchas de las funciones que podrían relacionarse con una política espacial.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) regula el espectro radioeléctrico y los recursos órbita-espectro, que permiten coordinar el uso de frecuencias y posiciones orbitales para las comunicaciones. El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) regula la aviación civil, certifica aeronaves y gestiona la navegación y el tránsito aéreo. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) promueve la investigación y la transferencia de tecnología y conecta las universidades con necesidades económicas y sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) se encarga de las relaciones exteriores y participa en asuntos espaciales internacionales.
Me parece útil ver estas instituciones como subsistemas que ya operan dentro de áreas específicas. Una organización espacial tendría que trabajar con ellas sin duplicar sus funciones.
En un puerto espacial, IDAC tendría responsabilidades sobre el espacio aéreo y la interacción del lanzamiento con la aviación civil. Eso no significa que su mandato actual cubra automáticamente la regulación de un lanzamiento espacial.
Cada institución tiene responsabilidades definidas, pero algunas actividades espaciales cruzan esos límites sin pertenecer completamente a una sola. ¿Quién coordina las decisiones que necesitan la participación de varias? Esos puntos de contacto son las interfaces del sistema.
¿Quién es dueño de las interfaces?
El Tratado del Espacio Ultraterrestre, ratificado por República Dominicana en 1968, exige en su artículo VI la autorización y supervisión continua de las actividades de entidades no gubernamentales en el espacio por el Estado correspondiente. El tratado deja abierta la forma institucional para cumplir esa obligación.
En los mandatos públicos que revisé no encontré una autoridad expresamente designada para integrar la autorización y supervisión de un lanzamiento espacial privado.
Un lanzamiento requiere analizar el riesgo al público durante las diferentes fases de vuelo. Eso incluye la trayectoria, cuánto podría variar y qué ocurriría si el vehículo perdiera el control. Además del espacio aéreo, intervienen decisiones sobre seguridad, espectro, ambiente y zonas marítimas. Habría que definir quién revisa la evidencia técnica integrada y quién autoriza la operación.
En el diseño de sistemas complejos existe un problema parecido. Cada subsistema puede cumplir correctamente sus propios requisitos y aun así aparecer problemas cuando se integra con los demás. En mi artículo sobre la anatomía de un cohete describí varios sistemas que tienen que trabajar juntos para que el vehículo completo funcione. Una actividad espacial nacional plantea un problema similar: no basta con que cada institución haga bien su parte si nadie es responsable de las interfaces entre ellas.
Qué hicieron países comparables
La Agencia Espacial del Paraguay (AEP) fue creada en 2014 como una entidad autárquica, dependiente administrativa y funcionalmente de la Presidencia. Su mandato es diseñar, proponer y ejecutar políticas y programas espaciales y aeroespaciales. Lo interesante para República Dominicana es que tiene una responsabilidad explícita sobre esa política y sus programas.
Nueva Zelanda tomó otra vía. Su agencia espacial está dentro del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo. Aunque forma parte de este ministerio, es la entidad principal responsable de la política espacial, la regulación y el desarrollo del sector. Al mismo tiempo, sigue coexistiendo con la autoridad de aviación civil y otras instituciones. Parte de sus responsabilidades incluye administrar licencias y permisos para lanzamientos, instalaciones y cargas útiles.
Costa Rica ofrece una advertencia distinta. En 2021 creó la Agencia Espacial Costarricense como un ente público no estatal con autonomía técnica, administrativa y de gestión, sometido a las directrices del ministerio de ciencia y tecnología (MICITT). Su puesta en funcionamiento enfrentó obstáculos de financiamiento, requisitos restrictivos para la Dirección Ejecutiva y la obligación de crear un centro espacial en Guanacaste.
La Procuraduría documentó esos problemas al analizar el proyecto de reforma 24.383, que propuso flexibilizar requisitos, modificar el financiamiento y eliminar la obligación de ese centro. También se han presentado iniciativas de derogación. Eso documenta las dificultades del diseño original; no permite dar por aprobada una reforma ni por eliminada la agencia.
República Dominicana debe analizar casos de países con condiciones comparables y extraer lo que funciona dentro de su propio marco legal, económico y político. No tiene sentido copiar una estructura simplemente porque funciona en otro país. Primero hay que definir las funciones, asegurar un financiamiento sostenible y establecer objetivos que puedan ejecutarse.
¿Necesita RD una agencia ahora?
La propuesta privada de un puerto espacial en Oviedo hace más evidente la necesidad de coordinación. El Decreto 121-26 declaró de alta prioridad nacional la instalación de puertos espaciales, especialmente en Oviedo y creó una Mesa de Trabajo Interinstitucional para facilitar su planificación, viabilidad jurídica y eventual operación. Su mandato se concentra en esos puertos; no define una política espacial nacional integral.
Tampoco es evidente que República Dominicana necesite una agencia autónoma desde el principio. Crear una antes de definir cómo funcionará podría repetir algunos de los problemas que ha enfrentado Costa Rica.
Creo que al país le conviene una función espacial nacional permanente. Podría comenzar dentro de una institución existente, con tiempo para formar un equipo técnico y adquirir experiencia antes de decidir si necesita autonomía.
Hay razones para mantener distribuidas las responsabilidades actuales. Pero, como ocurre con los subsistemas de un cohete, alguien debe responder por su integración y conservar lo aprendido entre un proyecto y el siguiente.
Yo empezaría con una función técnica permanente y objetivos claros, evaluada después de un período definido para determinar si se justifica convertirla en agencia autónoma. Entre sus primeras tareas estarían elaborar una estrategia espacial nacional y proponer un régimen de autorización y supervisión de actividades espaciales privadas.
También debería crear capacidad técnica dentro del Estado e incorporar a universidades, empresas y usuarios de datos satelitales en agricultura, clima, protección civil y telecomunicaciones. Los criterios técnicos para autorizar y supervisar misiones tendrían que prepararse junto a las instituciones competentes.
Cierre
El simple hecho de que hoy podamos hablar seriamente de la posibilidad de una agencia espacial dominicana ya dice mucho sobre cómo ha cambiado la conversación en el país. Para Astra Caribe, ese debate forma parte de algo más amplio: acercar a República Dominicana a una industria aeroespacial funcional, con capacidades propias y objetivos claros.
Espero poder escribir en el futuro sobre una institución espacial dominicana ya establecida, operando de forma eficiente y ayudando a impulsar el desarrollo de la industria espacial en República Dominicana y el Caribe.
Hasta la próxima.
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